Luis César, presidente de los kiosqueros de Córdoba: Casi la mitad de licencias se extingue en tres añoS

Los propietarios se enfrentan a un declive y piden al Ayuntamiento una reforma de las ordenanzas que los regulan

NOTICIA PUBLICADA POR ABC DE CÓRDOBA | 22 de junio de 2022

Los kioskos de prensa van camino de su práctica desaparición del escenario urbano si nadie lo remedia. En los últimos 15 años han cambiado enormemente los hábitos de consumo de los lectores y, como ya les ocurre a las librerías, cada vez resulta más complicado subir la persiana. La pandemia no ha hecho más que intensificar unos problemas que ya venían de antes. Las cifras lo demuestran: en Córdoba hay 50 kioskos de prensa, pero sólo están abiertos 24, según indica el presidente del gremio, Luis Mariano César.

«Si las ventas desde antes de la pandemia estaban en caída, ahora están en caída libre», indica César, que tiene su puesto en la avenida de la República Argentina. En números, las ventas han bajado un 60 por ciento, asegura. Pone como ejemplo que «antes prácticamente todos los negocios de restauración de Córdoba tenían una suscripción al menos a un periódico»; ahora, «una ínfima parte de los bares han retomado la buena costumbre para todos de tener una suscripción para sus clientes».

Y no sólo los bares. También los despachos profesionales o las peluquerías han dejado de comprar prensa. «Sumando de aquí y de allí, las ventas se han resentido mucho», apunta César.

El gremio tiene más problemas. Uno de ellos, poco conocido para el consumidor, es lo que Luis Mariano César califica como «relación de vasallaje» con las distribuidoras. Por el momento, vale el plural, pero todo apunta a que en breve la distribución de prensa pasará a ser un monopolio, según avanza este kioskero. Y eso supone aceptar las condiciones que pone la única empresa en el mercado, Boyacá, una vez que se concrete la absorción de su único rival en el sector, en una operación que ya está autorizada. Ahora, asegura César, «los contratos son prácticamente de adhesión, no se puede negociar nada», y existen problemas en las devoluciones o en la entrega de las cantidades de prensa solicitadas. «Aquí tenemos otra merma económica, si no recibes lo que necesitas o si hay diferencia entre lo que pagas y lo que te entregan», sostiene.

Cualquier kiosquero tiene unos gastos fijos de entre 650 y 750 euros por la parte más corta, ya que según César hay que «pagar autónomos, impuestos estatales y municipales, suministros...» Es lo mismo que en cualquier comercio de la ciudad, pero hay una diferencia importante: «No somos una empresa al uso porque no podemos buscar el mejor proveedor en las mejores condiciones, sino que nos vienen impuestas». Resumiendo, los kiosqueros no pueden jugar con los márgenes de beneficio porque ya vienen impuestos desde fuera. Lo único que pueden hacer es vender más, y la tendencia es justo la contraria.

El panorama es desalentador, pero no se queda en las meras cuestiones económicas. Desde el punto de vista administrativo, los kioskos de prensa son concesiones municipales que, en su día, fueron «bastante generosas», dice César. Se concedieron por 50 años, tiempo suficiente para mantener a dos generaciones («y en algún caso hasta tres», afirma) pasando el negocio de padres a hijos. Pero están a punto de caducar en la mayoría de los casos. Según los propietarios, «casi la mitad de las licencias de los kioskos que ahora mismo están vigentes se van a extinguir entre 2025 y 2027». Lo que solicitan es una prórroga de los permisos por otros 25 años como se ha hecho en otras ciudades, y seguir pagando el mismo canon anual que ahora. «La inmensa mayoría estamos en una edad en que somos demasiado jóvenes para jubilarnos, más cerca de los 60 que de los 30, pero muy viejos como para ponernos a buscar otra profesión», indica César.

Todo eso se regula con las ordenanzas, que también deberían incluir permisos para vender otros productos y así aprovechar los kioskos que ahora mismo están vacíos. De momento no tienen respuesta del Ayuntamiento tras una reunión mantenida hace cuatro meses -también con todos los grupos políticos- por lo que se muestran «preocupados»